Este cuarto aumento del 10 % (que lleva al 30% el acumulado anual), afecta de manera directa al bolsillo de los consumidores, mientras que los monopolios industriales lo trasladarán de inmediato a los  precios. El golpe sobre los salarios es doble.

Por su parte, las patronales agrarias sostienen que el aumento  del gasoil les consumió el súper beneficio que recibieron con la baja de las retenciones, y reclaman otra devaluación. Pero, a su vez, Aranguren -ministro de Energía y agente de las petroleras- advirtió que si se corre el dólar vendrán nuevos tarifazos. Por lo tanto, es falso que se termina  el “reacomodamiento de precios”. Por delante tenemos nuevas devaluaciones y nuevos aumentos de tarifas. El gabinete sin rumbo del macrismo está desguazado entre diferentes lobbies capitalistas. Pero tienen en claro la voluntad de transferirle a los trabajadores  las monumentales contradicciones de la quiebra nacional.

Antes del naftazo, la inflación de abril se ubicaba en el orden del 7 por ciento, el más alto de los últimos 14 años. En cuatro meses la inflación acumulada superó el 20%,  y la proyección para todo el año se acerca al 50%.

Las paritarias firmadas por la burocracia sindical, la mayoría por seis meses, ya han sido consumidas por la inflación: Comercio (20%); Smata (19%); Uocra (22%), Uecara (22%); UPCN (15%). Otras, que pactaron por un año, como Suteba, con un aumento promedio del 28%, terminarán 20 puntos por debajo de la inflación prevista.

Sanidad, Tabacaleros y Plásticos firmaron en las últimas horas “muy por encima de la ya olvidada pauta del gobierno pero lejos de la inflación anualizada” (Clarín, 3/5). Con el cierre de la negociación metalúrgica se completaría la primera ronda paritaria.

A este pelotón hay que sumar a los jubilados, que recibieron en marzo un mísero 15% y un haber mínimo inferior a los 5 mil pesos.

Cuarenta años después, la burocracia vuelve a ser la pieza clave de un nuevo “Rodrigazo”, avalando la licuación de los salarios.

El contraste con esta política lo marcaron los bancarios, con sus paros y movilizaciones, y los aceiteros, que elevaron sus salarios iniciales a unos 20 mil pesos, el valor de la canasta familiar.

Mientras promete inversiones, el gobierno fomenta una “timba de bonos” con tasas de interés del 38%, que tiene paralizada la economía. Los 150 mil despidos, en su mayor parte de la industria, que se han producido en sólo cuatro meses, apuntan a golpear la capacidad de respuesta de la clase obrera al ajuste.

Frente a la oleada de despidos, la burocracia sindical resolvió “parlamentarizarse”, archivando una lucha de conjunto a cuenta de una ley “antidespidos”. El proyecto  que lograron que el Senado apruebe, que es resistido por el macrismo y las cámaras empresarias, difícilmente logre atravesar los laberintos del Congreso. Pese a que no contempla la reincorporación de los ya cesanteados, que no dice una palabra sobre la intervención estatal ante los casos de cierres o vaciamientos y que  limita su vigencia a seis meses, el gobierno ya se las arregló para dejarlo en el freezer, con el concurso de los “opositores”. Massa acaba de acordar con Macri la modificación del proyecto en las comisiones de Diputados. El objetivo final  es convertirlo en una ley de exenciones impositivas a las Pymes, o sea, otro régimen de subsidio al capital.

El FpV, que ha proclamado su unidad detrás de “Barrick” Gioja y Scioli, dirá que hizo “lo que pudo”; o sea, impulsar una sesión especial a sabiendas de que ésta fracasaría de antemano. La Cámpora se movilizó el 29 en apoyo a los Caló y Moyano, no para exigirles un paro nacional.  Mientras tanto, la gobernador kirchnerista Bertone encarcela a los huelguistas de Tierra del Fuego.

En cualquier caso, Macri ya adelantó que vetará cualquier ley que obstaculice o encarezca las cesantías. Por lo tanto,  el freno a los despidos no depende de un “lobby” sobre los mismos diputados y senadores que votaron el pacto con los buitres, sino de una decidida acción de lucha de los sindicatos.

La burocracia, sin embargo, busca convertir la “demostración de fuerza” del 29 en una carta para ‘cotizar’ mejor su papel de freno del movimiento obrero frente al gobierno. Mientras Moyano ‘tribunea’, el petrolero Guillermo Pereyra, actual senador y uno de los hombres fuertes de la CGT moyanista, aclaró que “no es momento de un paro” y reclama un “diálogo social entre los trabajadores, los empresarios y el gobierno”.

En oposición a la tregua de las centrales sindicales un profundo movimiento de lucha busca abrirse paso: dos meses de huelga de estatales y docentes en Tierra del Fuego, huelgas en Santa Cruz y en Mendoza, dos semanas de paros escalonados de judiciales y médicos de la provincia de Buenos Aires, la huelga de los docentes universitarios,  y numerosos conflictos fabriles como el de la alimenticia Unilever, la papelera Kimberley o la gráfica AGR-Clarín. La clase obrera busca un rumbo de lucha para defender sus conquistas amenazadas, lo que pone a la orden del día la recuperación de sus organizaciones: la conquista clasista del Sutna es, en ese sentido, todo un señalamiento.

El naftazo, la escalada de luchas y las victorias antiburocráticas plantean, como nunca, redoblar la agitación y el agrupamiento de los activistas por un paro nacional de toda la clase obrera contra los despidos, por la reapertura de las paritarias, la abolición del impuesto al salario y la defensa del 82% móvil. Este es el programa que levantó la columna independiente de la izquierda y el clasismo que hizo oír su voz el pasado viernes 29, y que volvió a reunirse el 1° de Mayo -en la plaza de Mayo.

El naftazo no deja lugar a dudas. Son ellos o nosotros. Impulsemos asambleas y la coordinación de los activistas para luchar por el paro nacional y un plan de lucha.