Miércoles 20, 13hs, acto en Avellaneda.

A pocas semanas de cumplirse 11 años del crimen de nuestro compañero Mariano Ferreyra, la Cámara de Casación rechazó la prescripción de la llamada “causa de las coimas”, una investigación conexa a la que determinó la responsabilidad criminal de José Pedraza en el asesinato de Mariano, cuyas pruebas e indicios fueron determinantes a la hora de condenar a la patota de la burocracia ferroviaria.

La maniobra consistía en lo siguiente: los más connotados de los autores materiales del crimen ya se encontraban detenidos, por la delación de un puntero del PJ que reveló nombres y detalles del ataque a los ferroviarios tercerizados y a nuestros compañeros. Al calor de la crisis política que generó la movilización popular por el crimen de Mariano, en un intento por “aminorar daños”, el gobierno removió sus propias filas para dar con algún chivo emisario. Del otro lado, Pedraza, que seguía siendo invitado a actos oficiales, sabía que esa línea, más temprano que tarde, podría conducir hasta él. De modo que organizó, por intermediación de un agente de inteligencia llamado Juan José Riquelme y del ex juez y entonces abogado Octavio Aráoz de Lamadrid, una maniobra para manipular el sorteo de la sala que habría de tratar el pedido de excarcelación de la patota y asegurar un fallo favorable. El dinero -50 mil dólares- fue entregado por el contador de la UF Ángel Stafforini y descubierto en el domicilio de Lamadrid antes de que llegara a manos de los funcionarios judiciales, porque toda la trama fue descubierta a través de las “escuchas” que la jueza Wilma López y la fiscal Caamaño –actual titular de la AFI- ordenaron en el marco de la investigación del asesinato. Las revelaciones precipitaron la detención preventiva de Pedraza y su segundo, el “Gallego” Fernández, en febrero de 2011, cuando las maniobras para evadir sus responsabilidades ya eran harto evidentes y habían sido reveladas a través de los medios.

Por otra parte, la rápida intervención judicial también sirvió para poner coto a la crisis antes de que envolviera nada menos que a la Cámara de Casación, máximo tribunal en materia penal. Los tres jueces involucrados eran Eduardo Riggi, Wagner Gustavo Mitchell y Mariano González Palazzo. Los tres fueron desvinculados de la investigación por el inefable Norberto Oyarbide, en 2016, en uno de sus últimos actos judiciales antes de su jubilación. Sin embargo, las “escuchas” revelaron mucho más que esta maniobra. La cohabitación entre jueces, burócratas, servicios de inteligencia y “gestores oficiosos” era más que promiscua. Se agradecían todo tipo de regalos y atenciones, en particular de parte del “amigo Eduardo”, un operador todoterreno del máximo nivel del poder judicial, que aún reviste como camarista. Los otros dos jueces, Mitchell y Palazzo, fallecieron. La causa fue elevada a juicio oral en 2019, pero todavía no tiene fecha de realización. Los imputados son acusados por el delito de dádivas, que prevé una pena máxima de seis años de prisión.

Es un hecho inocultable que las condenas para Pedraza y su banda, más algunas condenas menores a funcionarios policiales y varias absoluciones, arrancadas como resultado de una movilización extraordinaria, dejaron una estela de involucrados impunes.

En esa lista figuran, en primer lugar, los empresarios que regenteaban el ferrocarril Roca y hacían negocios multimillonarios con la tercerización de obras y servicios, un negocio del que participaba de forma directa la burocracia de Pedraza a través de una “cooperativa” trucha, Unión del Mercosur. Los mismos grupos capitalistas, fieles exponentes de la “patria contratista”, siguen haciendo negocios detrás de la fachada de Trenes Argentinos y ganando “licitaciones” en todo el país, en los más variados rubros, bajo gobiernos de todos los tintes políticos. El tribunal que condenó a Pedraza rechazó avanzar sobre ellos y se limitó a “poner a disposición” la prueba ventilada en el juicio oral. Ignoró incluso que la patronal dispuso los “permisos gremiales” en los talleres ferroviarios de Remedios de Escalada para que pudiera conformarse la patota. La investigación sobre los “móviles económicos” se constituyó en una causa aparte que no avanzó un milímetro desde su formación.

Otro que también escapó a sus responsabilidades por el crimen de Mariano fue el ex Secretario de Transporte bajo el gobierno de CFK, Juan Carlos Schiavi, quien acompañaba a Pedraza en el momento en que se consumaba el ataque criminal de la patota, como panelistas de un congreso de la revista especializada Latin Rieles, el mismo 20 de octubre de 2010. Schiavi “zafó” en el juicio por el crimen de Mariano, pero fue condenado más tarde por su responsabilidad en la “Masacre de Once”. Las revelaciones de los “Pandora Papers” exhibieron que, a apenas dos días de haber asumido su cargo en 2008, creó una empresa off shore en Panamá, Groveland Overseas SA (La Nación, 13/10), naturalmente con el propósito de canalizar dinero no declarado. Uno de los representantes de la burocracia en el gabinete de Transporte llamaba “el sistema” al aceitado mecanismo de apropiación de fondos públicos administrados por empresarios, burócratas y funcionarios, constituido alrededor de los ferrocarriles. Si las denuncias que hicimos entonces desde el Partido Obrero hubieran sido recogidas -y no combatidas y rechazadas desde el gobierno y sus acólitos- el desastre de Once seguramente se podría haber evitado.

En estos días, otro que ha retornado por sus fueros a la plana mayor del gobierno «nac&pop» es Aníbal Fernández, ahora como Ministro de Seguridad. «Hannibal» es un mendaz operador político de la Policía, harto conocido por encubrir los crímenes de Kosteki y Santillán cuando era funcionario de Duhalde y, ya con los K, encubrir la desaparición de Julio López. Producido el crimen de Mariano, las primeras declaraciones de «Hannibal» fueron dirigidas a felicitar a la Policía Federal, cuyos comisarios monitorearon el ataque a los tercerizados desde el puente ferroviario de Barracas junto a los cabecillas de la patota y a través de los monitores de la sala de la Dirección General de Operaciones. A pesar de que policías de alta jerarquía declararon en el juicio que habían actuado siguiendo “directivas políticas”, ni el tribunal ni los fiscales del juicio se interesaron en profundizar esa línea que sitúa a «Hannibal» en el vértice de las sospechas.

El recorte de responsabilidades políticas y penales involucradas en el ataque a balazos contra los tercerizados y la militancia que los acompañaba -que dejó el saldo de un muerto y varios heridos, entre ellos, Elsa Rodríguez, con graves secuelas- fue el resultado de una cuidadosa operación, desarrollada antes y durante el juicio.

Este miércoles, en un nuevo aniversario, volveremos a la estación ferroviaria de Avellaneda para reclamar, una vez más, por el castigo a todos los culpables.

Publicado en: https://politicaobrera.com/politicas/5775-aniversario-del-crimen-de-mariano-ferreyra-11-anos-de-lucha-contra-la-impunidad

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