El anuncio de que se enviará al Congreso una nueva ley de telecomunicaciones que permite este beneficio para las empresas telefónicas no debería sorprender a nadie. Forma parte de la hoja de ruta original trazada por el kirchnerismo. Cuando Cristina Kirchner declaró que «no se podía tapar el sol con las manos» había dejado en claro que seguía firme su objetivo de permitirle a las empresas telefónicas participar del negocio audiovisual. Aclaraba, para quien quisiera oirla, que la exclusión de esa posibilidad en la redacción de la ley de medios era sólo temporal, una concesión transitoria a sus aliados de centroizquierda que necesitaban ser engañados.
A sabiendas de esto, los propios funcionarios que debieron aplicar la ley de medios en estos años evitaron hacer cumplir los artículos que ordenaban la desinversión de las telefónicas en las empresas de medios de comunicación. El ´democratizador´ Sabbatella, por ejemplo, se hizo olímpicamente el otario para permitrle a Telefónica seguir manejando Telefé. Estaban esperando el momento para reformar la ley y habilitarle el privilegio a estos monopolios socios del gobierno.
El anuncio de la nueva ley, sin embargo, se produce en otras condiciones políticas, y para congraciar a nuevos aliados. Resulta evidente que detrás de la negociación del gobierno con Repsol y del respaldo de España para negociar el default con el Club de París estaba sobre la mesa la reforma de ley de telecomunicaciones para que Telefónica, no sólo mantenga Telefé, sino que pueda avanzar aún más en el negocio audivisual. Otro tanto vale para Telecom, cuyo capital accionario minoritario acaba de ser adquirido por uno de los principales apoyos del gobierno, el fondo buitre Fintech del mexicano David Martínez. Con esta ley, a Telecom se le abren nuevas perspectivas comerciales. No es casualidad, por lo tanto, que luego del anuncio las acciones de ambas companías subieran en la Bolsa.
El proyecto de ley de telecomunicaciones no sólo modifica parcialmente la ley de medios en lo que refiere a la participación de las telefónicas. Además, teniendo en cuenta que éstas son controladas por el capital internacional, abre las puertas para que el negocio audiovisual sea manejado por empresas extranjeras. Viniendo de un gobierno que se autodenomina como «nacional y popular» no es poca cosa.
El gobierno justifica esta concesión a los monopolios telefónicos con el argumento que «favorece la competencia». Se trata, claro, de un cambio de discurso ya que hasta ahora el gobierno insistía que el mercado no era quien debía regular la distribución del negocio audivisual, y que las empresas más grandes imponían sus condiciones. Este argumento, válido para Clarín, lo es aún más para las empresas telefónicas, que tienen una facturación diez veces superior a la del grupo de Magnetto.
Los defensores de la nueva ley se escudan diciendo que no hay que confundir la distribución de contenidos con su elaboración. Pero se trata de una trivialidad. La disputa sobre la conformación de la grilla, que ha llegado a la Justicia, es la prueba palmaria que esa división entre distribución y elaboración no supera la prueba de la realidad. A través del uso de sus propias redes, las empresas benefician a ciertos canales sobre otros. En el caso de Telefónica esto se verá agravado porque ella misma tiene varios canales de TV.
Para compensar el peso enorme de la concesión a las telefónicas, el kirchnerismo argumenta que la nueva ley le reserva al Estado la atribución de fijar tarifas y habilita el uso universal de las redes instaladas. Sin embargo, en el futuro la cláusula sobre las tarifas podrá ser anulada, del mismo modo que ahora se anula la prohibición que regía para la participación de las telefónicas en el mercado audivisual. Mientras tanto, el tarifazo estará a cargo del gobierno, como ya ocurre con las naftas, el gas y la electricidad. Por otra parte el uso universal de las redes no asegura igualdad de competencia. El poder financiero de las telefónicas pondrá las cosas en su lugar.
La nueva ley enviada por el gobierno confirma hasta el detalle nuestra caracterización de que la ley de medios apuntaba a un nuevo reparto capitalista de los medios de comunicación, vinculado al negocio audivisual y comunicacional.
El rechazo a este proyecto de ley cobra un carácter político. Se trata de desarrollar una oposición a un gobierno que quiere atravesar sus últimos meses respaldado por Chevrón, Soros, Telefónica y los fondos buitres ´buenos´, como Fintech de David Martínez.
Para poner en pie una alternativa independiente de los trabajadores y la izquierda, el sábado 8 de noviembre llenemos de luchadores el Luna Park.
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