Bajo el peso de la presión popular, la derrota electoral del gobierno y la proliferación de movimientos fabriles contra el impuesto al salario, Cristina Kirchner estableció nuevos pisos en la cuarta categoría de ganancias -el llamado “impuesto al salario”. El movimiento de lucha contra esta confiscación tuvo fuertes manifestaciones desde abajo. La coordinación que nació en una asamblea de Fate (y que concretó el Sutna San Fernando) llevó adelante tres plenarios por esta reivindicación. Organizó una movilización de miles de compañeros el 24 de mayo pasado y se planificó otra para el 13 de setiembre, a la que adhirieron el Suteba La Plata, AGD-UBA, el Sitraic y el Suteba Tigre, entre otros, mientras comenzaba a extenderse la convocatoria a todos los sindicatos y cuerpos de delegados combativos.
Justamente, la agrupación antiburocrática del cuerpo de delegados de Acindar llamó a movilizarse ese día, colocando el debate en la UOM de Villa Constitución. El secretario general de esa seccional de la UOM planteó un plenario de delegados y activistas en conjunto con la CGT San Lorenzo, por este tema para las próximas semanas. En Chubut, los metalúrgicos de Aluar le impusieron a la patronal una compensación del 11 por ciento, equivalente a los descuentos por ganancias. Mil camioneros de Aesa y Cliba de Capital Federal pararon al cobrar el mes pasado, al margen de su dirección, lo que disparó un paro nacional camionero. Días después, la Federación Portuaria paraba por lo mismo. Piumato se apuró a declarar “el triunfo de la CGT” moyanista. Pero es al revés: las centrales sindicales depusieron toda lucha desde aquel paro nacional del 20 de noviembre del año pasado. Por eso, el movimiento tomaba impulso desde abajo mientras la burocracia sindical, oficialista u opositora, se dedicaba a ver con quién “jugar” en la descomposición del PJ, abandonando la lucha por una reivindicación que es responsabilidad de los sindicatos. Hubo sí, presión de la propia patronal de la UIA para que “el Estado se haga cargo”, porque los trabajadores no quieren hacer extras y, además, crecía el reclamo por aumentos compensatorios por abajo.
En este contexto, el gobierno pario una salida precaria. Ante todo porque el piso que establece el anuncio presidencial se refiere a un salario bruto de 15.000 pesos. Por lo tanto, desafectará a los trabajadores y jubilados que ganan hasta unos 12 mil netos, según los descuentos. Luego -lo que es fundamental- se trata de una resolución de la Afip hasta diciembre y no de una ley: es un piso transitorio que sólo aumenta un 20% para los salarios mayores de 15 mil pesos bruto (sin descuentos). La resolución, por otra parte, es a partir de septiembre y no es retroactiva. La eliminación del impuesto, por lo tanto, abarca sólo cuatro meses y termina a fin de año. Estamos, por eso, ante una salida precaria otorgada en un contexto de presión popular y crisis política del gobierno, que deja en pie el principio de la confiscación del salario. En el futuro dependerá del conjunto de las finanzas del Estado, que en estas horas ha anunciado una nueva carga de la deuda (canje a fondos buitre) sobre el presupuesto público. Por otro lado, los anuncios de impuestos compensatorios a los dividendos y cierto tipo de transacciones de empresas serán objeto de debate parlamentario y sujetos a maniobras de todo tipo. Los monotributistas -cuya contratación suele encubrir una relación laboral precaria- no están contemplados en la resolución de la Afip. El “cambio” en asignaciones familiares es irrisorio, ya que extiende su vigencia en 110 pesos por hijo para los salarios de hasta 30 mil pesos. Es una bofetada a los obreros de la construcción y otros asalariados por debajo de la canasta familiar. En este punto, daremos continuidad a nuestro planteo de asignaciones familiares para todos, que sean acordes a los gastos de un hijo hasta los 18 años.
Prensa Obrera 29/08.
Agrupación Clasista Telefónica. Lista Naranja.
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