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NO A LOS DESPIDOS Y EL VACIAMIENTO DE NEXTEL

NO A LOS DESPIDOS Y EL VACIAMIENTO DE NEXTEL

El martes 29/03 se concretó una nueva tanda de 20 despidos en Nextel, que se suman a otros 70 que se vienen dando en áreas de cobranzas, crédito, ventas, la Fundación Nextel y otros desde la compra de la empresa por parte de Cablevisión/Clarín en septiembre del año pasado.

Estos despidos forman parte de un vaciamiento que incluye el cierre de sucursales y edificios, los despidos y la persecución a los trabajadores a nivel nacional. Donde la empresa ha comenzado por los “fuera de convenio” (figura fraudulenta usada para precarizar trabajadores que deberían estar encuadrados en el convenio telefónico).

Esta situación motivo un reclamo de los delegados de Nextel y una exigencia de intervención a Foetra. En el día de ayer se realizó una asamblea permanente de los trabajadores de Nextel contra de los despidos y otras medidas de lucha, que deberían replicarse en todo el país.

Cablevisión, la empresa del grupo Clarín que compró Nextel, tiene un 40% de sus acciones en manos de Fintech, que compro recientemente a Telecom. Se trata de una concentración sin precedentes del suculento negocio de las telecomunicaciones, donde se pretende vaciar a Nextel y atacar a los trabajadores para proceder a una reestructuración de estas  empresas a costa de los trabajadores y usuarios que padecen también el vaciamiento del servicio, la falta de inversiones, equipos y terminales, etc.

En este contexto, el sindicato telefónico debe intervenir con una política independiente de los diferentes intereses patronales en disputa.

Defendiendo la estabilidad laboral y las condiciones de trabajo de todos los trabajadores, sean de planta permanente, contratados, fuera de convenio, afiliados o no afiliados. Ningún despido. Por el correcto encuadramiento de los “fuera de convenio”. No al vaciamiento y cierre de sucursales y edificios.

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Que se adelante la paritaria salarial. Todo el apoyo a la lucha contra los despidos y el vaciamiento de Nextel.

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Gobiernan para Telefónica y Telecom

El anuncio de que se enviará al Congreso una nueva ley de telecomunicaciones que permite este beneficio para las empresas telefónicas no debería sorprender a nadie. Forma parte de la hoja de ruta original trazada por el kirchnerismo. Cuando Cristina Kirchner declaró que “no se podía tapar el sol con las manos” había dejado en claro que seguía firme su objetivo de permitirle a las empresas telefónicas participar del  negocio audiovisual. Aclaraba, para quien quisiera oirla, que la exclusión de esa posibilidad en la redacción de la ley de medios era sólo temporal, una concesión transitoria a sus aliados de centroizquierda que necesitaban ser engañados.

A sabiendas de esto, los propios funcionarios que debieron aplicar la ley de medios en estos años evitaron hacer cumplir los artículos que ordenaban la desinversión de las telefónicas en las empresas de medios de comunicación. El ´democratizador´ Sabbatella, por ejemplo, se hizo olímpicamente el otario para permitrle a Telefónica seguir manejando Telefé. Estaban esperando el momento para reformar la ley y habilitarle el privilegio a estos monopolios socios del gobierno.

El anuncio de la nueva ley, sin embargo, se produce en otras condiciones políticas, y para congraciar a nuevos aliados. Resulta evidente que detrás de la negociación del gobierno con Repsol y del respaldo de España para negociar el default con el Club de París estaba sobre la mesa la reforma de ley de telecomunicaciones para que Telefónica, no sólo mantenga Telefé, sino que pueda avanzar aún más en el negocio audivisual. Otro tanto vale para Telecom, cuyo capital accionario minoritario acaba de ser adquirido por uno de los principales apoyos del gobierno, el fondo buitre Fintech del mexicano David Martínez. Con esta ley, a Telecom se le abren nuevas perspectivas comerciales. No es casualidad, por lo tanto, que luego del anuncio las acciones de ambas companías subieran en la Bolsa.

El proyecto de ley de telecomunicaciones no sólo modifica parcialmente la ley de medios en lo que refiere a la participación de las telefónicas. Además, teniendo en cuenta que éstas son controladas por el capital internacional, abre las puertas para que el negocio audiovisual sea manejado por empresas extranjeras. Viniendo de un gobierno que se autodenomina como “nacional y popular” no es poca cosa.

El gobierno justifica esta concesión a los monopolios telefónicos con el argumento que “favorece la competencia”. Se trata, claro, de un cambio de discurso ya que hasta ahora el gobierno insistía que el mercado no era quien debía regular la distribución del negocio audivisual, y que las empresas más grandes imponían sus condiciones. Este argumento, válido para Clarín, lo es aún más para las empresas telefónicas, que tienen una facturación diez veces superior a la del grupo de Magnetto.

Los defensores de la nueva ley se escudan diciendo que no hay que confundir la distribución de contenidos con su elaboración. Pero se trata de una trivialidad. La disputa sobre la conformación de la grilla, que ha llegado a la Justicia, es la prueba palmaria que esa división entre distribución y elaboración no supera la prueba de la realidad. A través del uso de sus propias redes, las empresas benefician a ciertos canales sobre otros. En el caso de Telefónica esto se verá agravado porque ella misma tiene varios canales de TV.

Para compensar el peso enorme de la concesión a las telefónicas, el kirchnerismo argumenta que la nueva ley le reserva al Estado la atribución de fijar tarifas y habilita el uso universal de las redes instaladas. Sin embargo, en el futuro la cláusula sobre las tarifas podrá ser anulada, del mismo modo que ahora se anula la prohibición que regía para la participación de las telefónicas en el mercado audivisual.  Mientras tanto, el tarifazo estará a cargo del gobierno, como ya ocurre con las naftas, el gas y la electricidad. Por otra parte el uso universal de las redes no asegura igualdad de competencia. El poder financiero de las telefónicas pondrá las cosas en su lugar.

La nueva ley enviada por el gobierno confirma hasta el detalle nuestra caracterización de que la ley de medios apuntaba a un nuevo reparto capitalista de los medios de comunicación, vinculado al negocio audivisual y comunicacional.

El rechazo a este proyecto de ley cobra un carácter político. Se trata de desarrollar una oposición a un gobierno que quiere atravesar sus últimos meses respaldado por Chevrón, Soros, Telefónica y los fondos buitres ´buenos´, como Fintech de David Martínez.

Para poner en pie una alternativa independiente de los trabajadores y la izquierda, el sábado 8 de noviembre llenemos de luchadores el Luna Park.

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7D, pelea de buitres

7D, pelea de buitres

Finalmente, llegó el 7D.

Pero la “libertad de expresión” está más lejos que nunca.

El propio gobierno ya dio la receta del fraude: que los empresarios repartan las licencias entre sus parientes o socios.

El mismo “método” que usó Boudou para quedarse con Ciccone.

Los beneficiarios de esa estafa serán las enormes “K”orpos armadas al calor del gobierno: Cristóbal López, Vila-Manzano y otros.

Ese mismo recurso podría ser utilizado, finalmente, por el mismísimo grupo Clarín.

La guerra transcurre entre juzgados y conspiraciones de accionistas.

Son los métodos de los buitres capitalistas.

No está en juego la “democratización” de los medios: es apenas un nuevo reparto de negocios entre sus propietarios.

También es el intento oficial de monopolizar la palabra, para reforzar un régimen de gobierno personal.

Por eso, los dos -la Corpo y el gobierno- tienen un blanco común.

Por un lado, los trabajadores de prensa, igualmente perseguidos por Clarín y por el gobierno.

Por el otro, la población trabajadora, que seguirá sometida a la manipulación de las corporaciones mediáticas, oficialistas u opositoras.

La libertad de expresión exige poner fin al monopolio capitalista -o del Estado que sirve a esos monopolios- y asignar los recursos y medios de comunicación a las organizaciones y expresiones del arte, la cultura, la política y la vida social.

Luchemos por esta perspectiva.

Defendamos la libertad y la estabilidad laboral de los trabajadores de prensa.
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Testaferros de los medios de comunicación, ¡uníos!

Testaferros de los medios de comunicación, ¡uníos!

| 6 diciembre, 2012 |

Al final, el 7D no habrá asalto a la Bastilla, sino apenas una visita de Sabbatella a Cablevisión acompañado por un escribano. Para ocultar este recule en chancletas, el kirchnerismo tiene previsto un festival en Plaza de Mayo para el domingo 9. Será la confesión de que es incapaz de ganar la calle. La intervención de oficio de AFSCA para proceder a la desinversión de la Corpo desatará otro laberinto judicial, en especial ahora que los K anunciaron que pondrán en venta los bienes del grupo y que no solamente van a cancelar las licencias excedentes. La batahola de esta disputa demuestra que la ley de medios apunta a redistribuir la apropiación capitalista de las frecuencias, de ningún modo a desarrollar las posibilidades de libre expresión para el pueblo. En este proceso, el Poder Judicial demostrará su genuflexión ante los intereses empresarios en disputa.

Esta verdadera farsa política ha escalado, sin embargo, un nuevo peldaño. Sabbatella acaba de anunciar que los dueños de los medios pueden repartirlos entre familiares, amigos o accionistas para encuadrarse a la ley. La ley de medios ha quedado convertida en la Ley de Testaferros. El ex PC invitó incluso a Magnetto a participar de este enjuague, pero la Corpo sabe que quieren que dé un mal paso para bajarle la guillotina.

El fracaso de la ley ha sido mayúsculo. La producción local en cada provincia o distrito -que según el gobierno abriría nuevas fuentes de trabajo para periodistas- no ha sido realizada. Las radios y la TV en el interior siguen siendo, mayormente, repetidoras de las emisiones producidas en Buenos Aires. Las licencias para las radios comunitarias no fueron dadas. Por eso, sectores que apoyaron la ley se movilizan al AFSCA para denunciar la situación.

La licitación de la TV Digital quedó desierta. Los montos requeridos son inviables. Sólo lo pudieron afrontar sectores de la burocracia sindical, como Gerardo Martínez, que armó su canal Construir. La pauta oficial, que debía servir para suplir la publicidad privada, ha sido un elemento de propaganda de la camarilla kirchnerista y de cooptación de movimientos sociales.

El 7D pinta de cuerpo entero al gobierno kirchnerista. Presentada como una batalla por la “democratización de la palabra y de los medios”, termina armando un negocio con las telefónicas y empresarios de los más corruptos, como los Vila-Manzano o los Cristóbal López, Monetta -quienes, en general, son socios del gobierno en la obra pública o en las concesiones de energía y servicios. Hasta la promesa de terminar con Clarín es sustituida por la propuesta de que el grupo de Magnetto se reparta entre testaferros.

En el entrevero, la oposición patronal, en especial la de centroizquierda, ha cerrado filas con Clarín. Para conquistar la libertad de comunicación, es necesario abolir su condición de negocio capitalista y dar su gestión a todos los sectores del arte, la cultura, la política y la vida social en general. Esta tarea solamente será cumplida por un gobierno de trabajadores.

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El monopolio telefónico, detrás del 7D

El monopolio telefónico, detrás del 7D

| 22 noviembre, 2012 |

Si algún anuncio faltaba para echar por tierra la versión interesada de que el 7D se juega la “madre de todas las batallas” por la libertad de prensa y de la palabra, bastó la conferencia de prensa dada por Martín Sabbatella, encargado de la aplicación de la ley de medios. El ex intendente de Morón hizo el listado de las empresas que deben “desinvertirse” y para sorpresa de varios omitió nada más y nada menos que a Telefónica, propietaria de Telefé, el principal canal de aire, y de otros ocho canales del interior. El asunto rozó el escándalo, porque Telefónica, en su doble carácter de empresa de servicios públicos y de capital extranjero, no puede prestar servicios de medios de comunicación.

La alianza entre el kirchnerismo y las telefónicas viene de larga data. En la primera versión de la ley de medios, el oficialismo habilitaba de manera expresa a las telefónicas a prestar el servicio de triple play (telefonía, TV e Internet). Posteriormente, cuando la Presidenta se vio obligada a eliminar esta autorización para conseguir votos en el Congreso, pronosticó que no se podía “tapar el Sol con las manos”. Lo que no se le ocurrió a nadie, es que la Presidenta había excluido a las teles con la finalidad de evitar que deban ‘desinvertir’ -un caso único de hipocresía política. Es lo que dice ahora Sabbatella, que niega por un lado la propiedad de Telefónica sobre Telefé, un fraude a todas luces evidente, y por el otro la autoriza a eludir los límites para empresas de capital extranjero. Para justificar este exabrupto declara que Telefé está protegida por la ley de Bienes Culturales. La ley de medios se ha convertido, entonces, en un negociado.
No es ésta la única triquiñuela del gobierno “nacional y popular”. Consultado sobre qué sucederá con los medios de comunicación en manos del capital yanqui, Sabbatella anunció también que el capital norteamericano gozaba de derechos adquiridos en los medios, como consecuencia del tratado de protección de inversiones recíprocas firmado durante el gobierno de Menem. Estamos ante la defensa de una norma colonial. Lo de “recíproco” es claramente una farsa, ya que las inversiones argentinas en Estados Unidos son casi inexistentes.

Las telefónicas no son las únicas beneficiadas. El grupo que controla el banquero menemista Monetta tampoco fue incorporado dentro de los que deben desinvertir, a pesar de que las radios que posee superan los límites establecidos por la norma vigente. Otro tanto ocurre con Telecentro, del ex menemista y duhaldista Pierri, que con una sola licencia presta su servicio en varios distritos. Dentro de los que violan la ley por ser propietarios de empresas de servicios públicos se encuentran también Cristóbal López y Manzano, pero también contarían con el favor oficial para seguir con su doble condición de empresarios.

Salta a la vista que lo que está en juego es un reparto del negocio de medios de comunicación. El gobierno cuenta con el apoyo de grandes capitalistas, listos para quedarse con los despojos de la Corpo.

El 7D no se juega “la libertad de la prensa” ni la “pluralidad de la palabra”. Es una disputa por intereses capitalistas entre monopolios. Frente a esto, el gran desafío de los trabajadores es construir nuestra propia alternativa.

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