#13J Vamos por la victoria del aborto legal

Luego de dos meses de audiencias, en las que se expusieron posiciones en favor y en contra, llegó el momento de las definiciones en la lucha por el aborto legal, seguro y gratuito.

Es conocido que existe una paridad entre esas dos posiciones en Diputados, y unos 25 indefinidos. También se sabe que le están haciendo reformas al proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en nombre de “conseguir más adhesiones”, aunque nunca se diga quiénes cambiarían su voto con una u otra modificación.

Pero lo más notable es que la movilización popular no para de crecer. Pero también hay un renovado lobby del poder clerical sobre los y las diputadas que están en el campo del aborto legal, y que en su mayoría son quienes votaron, en el pasado reciente, la reducción jubilatoria, de las AUH y más de cien leyes de ajuste.

Si llegamos esta agenda en favor de las mujeres en el Parlamento, ha sido como resultado de la lucha y las masivas movilizaciones, donde ya no alcanza con ciertos maquillajes para conformar el movimiento de mujeres. Como fue el caso de la falsa ley de eliminación de la brecha salarial, de la paridad de género en las listas electorales que presentaron este año. Detrás de la aparente hermandad transversal por la conquista del aborto legal, la naturaleza de clase y clerical de los bloques mayoritarios se sobrepone al interés por terminar con una causa de muerte y mutilaciones de miles de mujeres.

La ausencia de FOETRA en la lucha por el derecho al aborto legal, otro ejemplo del avance de la burocratización

A diferencia de muchos sindicatos como Ademys, Sutebas combativos, la Bancaria, ATE, SITRAJU, SUTNA, AGD UBA que se han pronunciado por el derecho al aborto legal y convocan a la movilización incluso realizando cese de actividades para los que quieran concurrir; la CD de FOETRA, lo mismo que la FOEESITRA y la mayoría de los sindicatos de la actividad se vienen negando a abrir el debate como política de las direcciones de las organizaciones gremiales. No reuniendo al plenario de delegados para no hablar del tema (al igual que la fusión de Telecom con Cablevisión o el salario que continúa cada vez más postergado). Lo que termina imponiendo la posición de una mayoría de la CD de FOETRA en contra de estos reclamos. Como quedó expuesto en la movilización del Ni Una Menos, donde en muchas oficinas se realizaron pañuelazos, se discutió en asambleas y se promovió la movilización, a pesar de que no salió ningún comunicado oficial del Sindicato convocando, y un texto sin firma que circuló por las redes omitía el reclamo que fue central en la movilización, por las muertes de cientos de mujeres pobres por abortos clandestinos.

La directiva de FOETRA se alineo así con la orientación de la burocracia de la CGT y el clero, como se ve reflejado en el comunicado N°2100 que cita a Bergoglio. La última semana salió un comunicado titulado “Los peronistas decimos sí a la vida y no al aborto”, donde referentes del PJ se posicionan en contra del proyecto de ley de aborto legal, seguro y gratuito. Entre las firmas que lleva este documento se destacan las de Carlos Menem, la del ex gobernador del Chaco y ex jefe de Gabinete del gobierno kirchnerista, hoy intendente de Resistencia, Jorge Capitanich; la del camionero Hugo Moyano; la del diputado nacional por el Frente Renovador, jefe del gremio de Sanidad e integrante del “triunvirato” cegetista, Héctor Daer; las del titular de la UOM, Antonio Caló, y del secretario general de Judiciales, Julio Piumato, entre otras cien firmas más.

En un cuadro de profundización del ajuste contra los trabajadores, las mujeres son las que más sufren la precarización laboral, la desocupación, el incremento del costo de vida, la discriminación laboral, la falta de guarderías en los lugares de trabajo o jardines maternales, etc. El Estado no garantiza educación sexual científica y laica ni las condiciones materiales para la maternidad. La burocracia sindical, expresada en muchas de las firmas del documento del PJ, es una de las máximas responsables de este estado de situación.

El gobierno de Cambiemos se ha visto forzado a habilitar este debate como resultado de la presión popular, pero no deja de bajarle el pulgar al aborto legal en la boca de sus principales referentes como Vidal, Carrio y el mismo Macri.

La conclusión es clara: la conquista de este derecho reposa en la movilización de la mujer y de toda la población trabajadora. Por eso, este miércoles 13J -cuando se trate el aborto legal en Diputados-, tenemos que ser cientos de miles en la Plaza Congreso. Multiplicando por tres o por cuatro el pañuelazo del #niunamenos, para conquistar este derecho fundamental.

Una primera victoria en la sanción del aborto legal será un golpe a los gobiernos que han negado este derecho y hoy se entregan a los brazos del FMI. Y quieren que la crisis la paguemos los trabajadores, las mujeres y la juventud.

¡Ganemos las calles por el aborto legal!

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Alerta: el aborto legal, en peligro

En primer lugar, la dilación en avanzar con un dictamen de las comisiones impuso la necesidad de contar con 2/3 para poder habilitar el debate en sesión el próximo 13 de junio, de acuerdo al artículo 113 del reglamento. Sucede que, al no haber dictaminado con siete días de anterioridad a la sesión, no se podrá comenzar a tratar el tema si no se cuenta con una mayoría especial que habilite el tratamiento del mismo. Si se hubiera emitido el dictamen en tiempo y forma, este requisito no hubiera sido necesario. De esta forma, depende enteramente de la voluntad política de los anti-derechos que se pueda discutir en el recinto, ya que tienen el poder de vetarlo, aun cuando estén los votos necesarios para aprobar el proyecto de aborto legal.

El dictamen favorable en el plenario de comisiones tampoco está garantizado. La dilación impulsada por los bloques macristas y pejotistas lo único que ha logrado es dar tiempo a la Iglesia para desplegar sus presiones. De no obtenerse un dictamen favorable mayoritario en el plenario de comisiones, los diputados contrarios no prestarían quórum para habilitar la sesión. La responsabilidad por esto les cabe enteramente a los bloques de Cambiemos, FpV y justicialista.

Hay un fuerte lobby por parte de la Iglesia Católica, con llamados telefónicos desde el Vaticano a los despachos de cada diputado, para boicotear la ley. Esto solo retrata el nivel de sometimiento de los “honorables diputados”. Los bloques mayoritarios están poblados de agentes clericales. La “república” que defiende Carrió retrasa más de 200 años: está por detrás del principio elemental de secularización del Estado que levantó la Revolución Francesa. En medio de ajustes, de la devaluación, los tarifazos y las paritarias a la baja, el apoyo empresarial y del Vaticano a las políticas del gobierno constituye un punto que no debe subestimarse, a pocos días del debate parlamentario del aborto legal.

Objeción de conciencia: una trampa letal

La bancada del Frente de Izquierda votará favorablemente el proyecto en general, ya que en estos términos la ley es progresiva con relación a lo que hoy existe, pero votaremos en particular contra la incorporación de la objeción de conciencia y la perpetuación de la práctica del aborto en el Código Penal, a través de la penalización de médicos y pacientes. Cambiemos y los distintos bloques del peronismo no dudan en traducir estas presiones en una política para degradar el proyecto de ley de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal. El punto más dañino es que han integrado al texto de la ley la objeción de conciencia individual, abriendo las puertas a un virtual bloqueo al acceso a este derecho, como sucede actualmente con el aborto no punible en virtud del enorme peso del clero en las direcciones de hospitales (públicos o privados), sin que exista necesariamente una legislación que lo habilite. Por lo tanto, los diputados convertirán en ley una obstrucción al acceso a la salud que hoy se lleva adelante por la vía de los hechos. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el departamento de Salto, en Uruguay, donde el aborto es legal, pero las mujeres de Salto deben trasladarse a otros departamentos para poder practicárselo. La “objeción de conciencia” es un recurso del clero para poder sortear leyes vigentes.

Aún peor es la intención de habilitar la objeción de conciencia institucional, o la objeción de conciencia institucional para los centros de salud confesionales. Esto fue planteado en las reuniones de asesores en la elaboración del dictamen, y sobre estas modalidades de objeción se está avanzando en otra comisión, la de Relaciones Exteriores y Culto, en la cual se sacaría un dictamen favorable a estas modalidades no sólo en el ámbito de la salud, sino también en el educativo, lo que significa un avance clerical fenomenal.

El bloque enemigo del aborto legal no quiere que se avance ni en ese terreno ni el de la educación sexual científica y laica. Son los responsables de la situación actual y su orientación clerical nos lleva a situaciones aún peores.

Aborto y Código Penal

El otro aspecto es que el dictamen mantiene la práctica del aborto dentro del Código Penal. En la nueva redacción de los artículos 85, 86 y 88 del Código, las penas previstas pasarían de 3 a 10 años para los profesionales y de 1 a 4 años para las mujeres a de 3 a meses a 1 año en ambos casos, en casos de abortos practicados a partir de la semana 15, cuando no se invoquen las causales de acuerdo con el fallo F.A.L.

Mantener la práctica del aborto dentro de las disposiciones del Código Penal significa perpetuar un mecanismo de regimentación y adoctrinamiento de las mujeres. Es preservar un poderoso instrumento de disciplinamiento hacia las mujeres que deben interrumpir un embarazo no deseado, a las que se les dice que son “asesinas”, que en definitiva están cometiendo un acto “criminal”.

Finalmente, en el dictamen se ha colocado una penalización de 6 meses a 2 años a la “autoridad de un establecimiento de salud o profesional de la salud que dilatare, obstaculizare o se negare a practicar un aborto” y de 2 a 5 años cuando ello tuviere como consecuencia la imposibilidad por parte de la mujer de acceder a la práctica en los plazos fijados.

Nuestra consideración es que todo lo relativo a la penalización por la práctica consentida del aborto debe ser erradicado en el Código Penal y que, de imponer algún castigo, el mismo debe ser por causa de negarse a realizar la práctica y este debe recaer sobre la institución y el Estado, que son los responsables de lo actuado por los trabajadores de cada institución.

Autonomía progresiva

Respecto de las menores de edad, el proyecto garantiza la autonomía progresiva de las niñas de entre 13 y 16 años, remitiéndose al artículo 26 y 59 del Código Civil. La autonomía progresiva significa el reconocimiento de la capacidad de los niños, niñas y adolescentes a tomar decisiones de acuerdo con su madurez y sus capacidades, es decir su derecho a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta.

Se incluyó también un capítulo sobre consejerías pre y post-aborto, en los casos en que la mujer lo requiera, y se incluyó una especificación en torno a que, si algún centro de salud no contara con los profesionales suficientes para garantizarlo, ello no puede ser obstáculo para la realización del aborto solicitado por la mujer o persona gestante.

Se incluyó un artículo respecto de la educación sexual integral obligatoria en todos los niveles educativos, lo cual ya es ley desde el año 2006 y se incumple sistemáticamente. Lo que abunda no daña, pero vale aclarar que los que se desesperan ahora por hacerlo explícito en una ley sobre aborto, son los que han integrado los gobiernos que bloquean la implementación de la ESI (Educación Sexual Integral) sin jamás haber reclamado por ello.

Perspectivas

El movimiento de mujeres está haciendo historia. La inmensa movilización del 4J que destacó la consigna “Ni una menos por aborto clandestino” volvió a poner ante los ojos de todo el país que este reclamo ha impulsado una gigantesca movilización popular que tiene potencialidades enormes. Hay un cuestionamiento de fondo al disciplinamiento social sobre las mujeres que hace crecer el reclamo por la inmediata separación de la Iglesia del Estado. Más que nunca, tenemos que redoblar la movilización para garantizar la aprobación el 13J y potenciar un movimiento de lucha que reforzará al movimiento popular en su conjunto y abrirá un nuevo escenario político para la lucha de las mujeres contra el oscurantismo clerical y por los derechos de la mujer trabajadora.

¡Aborto legal y separación de la Iglesia del Estado ya!

 

 

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